Los derechos de niños bajo la cuarta enmienda a la constitución de los estados unidos

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Los derechos de niños bajo la cuarta enmienda a la constitución de los estados unidos

El derecho consagrado de  La Cuarta Enmienda, el que dice  “el derecho de los habitantes de que sus personas, domicilios, papeles y efectos se hallen a salvo de pesquisas y aprehensiones arbitrarias, será inviolable” normalmente requiere  un oficial de la policía, antes de empezar un registro y/o una aprehensión, tener causa razonable.     La Corte Suprema de Los Estados Unidos nos explica cuando existe esta causa razonable: “Causa razonable existe cuando los hechos y circunstancias dentro de la conocimiento [del oficial de la policía] y del cual [el] tenía información ambas razonable y confiable, [están] suficientes por si mismos para justificar la creencia de un hombre de cuidado razonable que se hayan cometido o se están cometiendo un delito” Brinegar v. United States, 338 U.S. 160, 175-176, 69 S. Ct. 1302, 93 L. Ed. 1879 (1949) (citando  Carroll v. United States, 267 U.S. 132, 162, 45 S. Ct. 280, 69 L. Ed. 543 (1925)), y se creen que las pruebas relacionadas al delito están encontrados en el sitio registrado.

En W v. California, 449 U.S. 1043,1047 (1980), un menor de edad pidió a La Corte Suprema a declarar que los padres faltan el poder de dispensar los derechos constitucionales de sus niños y que la Cuarta Enmienda se aplique de manera igual a niños como adultos.   La Corte se rechazo escuchar la petición del niño; pero en su disensión, Justicia Marshall razonaba que: “[p]orque la pérdida de libertad daña igualmente los niños como los adultos, In re Gault, 378 U.S. at 27, hemos dicho que los derechos de los menores de edad son casi coextendidos que los de adultos.   Por esto, hemos incluido los menores de edad en las protecciones en la Decimocuarto Enmienda contra la privación de libertad sin el debido proceso legal.    Hemos dicho que un menor de edad tiene el derecho a abogados, a confrontar a los testigos, y al aviso cuando el menor se enfrenta cargos penales.  Id. at 33, 36-37, 57.  ‘No se puede dejar que ni hombre ni menor de edad quedar condenada por métodos que no sigan los requisitos constitucionales del debido proceso legal.’ Id. at 13, citando con aprobación  Haley v. Ohio, 335 U.S. 596, 601 (1948) De manera igual, nuestros casos han dando a los menores de edad el derecho contra autoincriminación, In re Gault, supra, las protecciones contra confesiones forzadas, Gallegos v. Colorado, 370 U.S. 49 (1962),  doble juzgamiento por la misma causa, Breed v. Jones, 421 U.S. 519 (1975), y la suposición de inocencia implicada por el peso de la prueba que tiene el gobierno  a probar culpabilidad fuera de toda duda razonable.  In re Winship, 3798 U.S. 358 (1970).”  W. v. California, 449 U.S. 1043, 1047 (1980).

En la escuela – el estándar de la sospecha razonable

Cuando un oficial de la escuela quiere registrar a un niño, La Corte Suprema ha dicho que “ a mantener equilibro cuidado entre los intereses gubernamentales  y privados implica que el interés público es mejor protegido por un estándar de lo razonable que pare justo antes de causa razonable, “Stafford Unified Sch. Dist. # 1 v. Redding, 557 U.S. 364 370 (2009), citando Jersey v. T.L.O., 49 U.S. 325, 341 (1985).  Las Cortes aplicarán  un estándar de  “sospecha razonable” (no lo de causa razonable, hay una diferencia),  a determinar si un registro de un estudiante por un oficial de la escuela queda dentro de la lay.  Si los métodos del registro son relacionadas razonables a los objetivos  del registro y no están extremadamente entrometidos cuando se piensa en la edad y el sexo del niño y el tipo de error que se crea que el estudiante haya cometido, la Corte se le permitirá el registro.  Id.  at 342.

El estándar de sospecha razonable no es tan difícil que el estándar de causa razonable y se puede traducir tal estándar como “una mediana chance de encontrar pruebas de un error o delito.”  El estándar de causa probable requiere que la policía tiene el conocimiento de una chance, decente o grande, de encontrar pruebas de un error o delito,  Illinois v. Gates, 462 U.S. 213, 230, 238 (1983), Stafford Unified Sch. Dist. #1 v. Redding, 557 U.S. 364 (La Corte declaró que un registro de un estudiante a buscar ibuprofeno en se le exige el estudiante desnudarse no queda dentro de la ley tampoco la constitución.)

El consentimiento del menor de edad. 

Un menor de edad puede, bajo ciertas condiciones, consentir a un registro a una casa (incluyendo la de sus padres), una automóvil, o/y su propia persona.   La Cuarta Enmienda permite un registro sin orden judicial de una casa cuando una persona que tenga la autoridad sobre la casa le da su consentimiento a la policía a registrar la casa.  Georgia v. Randolph, 547 U.S. 103 (2006) (citando Illinois v. Rodriguez, 497 U.S. 177 (1990).  Un registro sin orden judicial no se rompe la cuarta enmienda cuando una persona a quien tenga la autoridad común sobre el sitio se le da su consentimiento. United States v. Matlock, 415 U.S. 164, 170 (1974)).  Se obtienen “autoridad común” por “el  uso mutual del sitio por personas a quienes por lo general y por la mayoría de los objetivos  tienen acceso o control juntos.” Id. at 171 n. 7.  Normalmente, toda la familia tiene control común sobre todas las cuartos de la casa.   United States v. Clutter, 914 F.2d 775, 777 (6th Cir. 1990).  A pesar de esta, se puede quitar la autoridad común de un miembro de la familia si otro miembro “haya manifestado de manera clara una clara expectativa de exclusividad.” Id. at 778. 

“Tal persona pueda estar …otro ocupante de la casa a quien tiene la autoridad común sobre la casa, cuando no está  presente la persona, y esta excepción por consentimiento incluye  los registros y entradas obtenido por el permiso de un ocupante a quien la policía crea, por manera razonable pero erróneamente, tiene  la autoridad común como ocupante de la casa.   Georgia v. Randolph, 547 US at 108, (citing Rodriguez, 497 U.S. at 186;United States v. Matlock, 415 U.S. 164, 170, 94 S. Ct. 988, 39 L. Ed. 2d 242 (1974); Schneckloth v. Bustamonte, 412 U.S. 218, 222, 93 S. Ct. 2041, 36 L. Ed. 2d 854 (1973)).

Se lo determina caso por caso la pregunta  de cuándo un menor de edad tiene la capaz de consentir a un registro a una casa, un automóvil, y/o su propia persona. La Corte prestará atención a los factores siguientes: (1) El nivel de sofisticación legal del niño (no se requieren sofisticación legal para los adultos), (2) factores que sugieren que el consentimiento fuera voluntario (lo más joven, lo más susceptible a coacción), (3) el equilibrio entre el daño que una limitación de la habilidad de un niño a consentir tendrá, y el propósito legitimo que  las registraciones dando con consentimiento sirven, (4) La idea de agencia no está incluida en las razones que apoyan la idea del consentimiento por común autoridad, y la compromiso de la expectativa de privacidad es tan fuerte para los ocupantes de menor de edad como los adultos.”  United States v. Gutierrez-Hermosillo, 142 F.3d 1225, 1230-1231 (10th Cir. N.M. 1998).

La labilidad civil si la corte determina que una registra o pesquisa rompe la cuarta enmienda.

No será suficiente  a obtener daños y perjuicios a mostrar que la conducta rompe a la Cuarta Enmienda.  Normalmente, el acusado asegura que tiene la inmunidad soberana.   “Los oficiales gubernamentales normalmente no tienen labilidad por funciones discrecionales si la conducta no rompa claramente los derechos establecidos por  estatutos o la constitución que un hombre razonable conocería.”Harlow v. Fitzgerald, 457 U.S. 800, 818, 102 S. Ct. 2727, 2738, 73 L. Ed. 2d 396 (1982).  Se usan un proceso de dos pasos a determinar si está disponible la inmunidad soberana.  Primero, el acusado tiene que mostrar que su conducta queda dentro del ámbito de su autoridad discrecional.  Si el acusado tiene éxito a mostrar tales cosas, en el próximo paso el demandante tendrá mostrar que el acusado violaba sus derechos establecidos por  estatutos o la constitución.  Los hechos de un oficial gubernamental quedan dentro del ámbito de su autoridad discrecional si los hechos fueran (1) hecho en consecuencia del desempeño de su debidos, y (2) dentro del ámbito de su autoridad.  En los casos en que el oficial gubernamental no actuara en acuerdo con su autoridad discrecional, no se aplicará la inmunidad soberana.  Si el oficial falta la inmunidad soberana, es posible que se obtenga daños y perjuicios.

¿Qué debo hacer si la policía violaba mis derechos constitucionales?

Si la policía violaba sus derechos constitucionales, necesitará un abogado experimentado para proteger sus derechos.  Debe ponerse en contacto con el bufete de abogados de Hull Street Law, una División de Thomas H. Roberts & Associates de rápido.  Llamase: 804-783-2000.

 

Jonathan M. Arthur, Esq.
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 Descargo de Responsabilidad

Los hechos y las circunstancias de cada caso son singulares.  Por lo tanto el hecho que un bufete ha obtenido veredictos y resultados significativos en otros casos en ninguna manera garantiza que otros casos tendrán resultados similares.   Estas materiales están para los fines de información.  Se las crean para este propósito únicamente.  Estas materiales no están consejos legales. Sin haber hablado con un abogado pidiéndole consejo, no se debe usar esta información para cualquier hecho o acto.  No hay nada aquí que crea relación de abogado-cliente.

 

Posesión de drogas. El programa de la primera infracción: marihuana.

In English

Posesión de drogas.  El programa de la primera infracción: marihuana. 

¿Cuál es el Programa de la Primera Infracción?

Según el Código de  Virginia § 18.2-250.1, es en contra de la ley a poseer “a sabiendas” la Marihuana.  Por lo general, una persona condenada por poseer la marihuana en cantidades menos de una mitad de una onza está culpable de un delito menor y  se enfrenta hasta las treinta días  en el cárcel y una multa hasta $500.00.  También, una condena abajo estatuto § 18.2-250.1 requiere que se la suspenden, por las seis meses, la licencia de conducir de la persona condenada pasa las seis meses. Véase El Código de Virginia § 18.2-259.1.    A pesar de esta, es posible que la persona condenada pueda obtener una licencia de ruta restringida para dejarla conducir desde la casa hasta el trabajo, la casa, la iglesia, y las citas médicas.  También, si la policía la detiene la persona con más de la mitad de una onza, la persona se enfrenta un delito mayor.  Tendrá que recordar que una condena por delito mayor de cualquier tipo se puede tener consecuencias inmigratorias graves. 

¿Qué ocurre en el Programa de la primera infracción?

Según el Código de  Virginia § 18.2-251, una persona que falta antecedentes penales de las drogas (un “First Offender”)  puede, en la discreción del corte, obtener una disposición deferida y si la persona completa las condiciones de la libertad condicional, una desestimada de los cargos.  El estatuto requiere que la persona buscando la disposición deferida someterse a una evaluación de abuse de sustancias (y tratamiento médico si el corte lo requiere).  Además,  la persona pagará los gastos del corte y cualquier multa y los gastos de inscribirse en un programa aprobado del abuso de sustancias.  Durante del periodo de libertad condicional, se prohibe alcohol es prohibido y la persona se someterá a pruebas aleatorias para drogas e alcohol para asegurar que la persona esté en el cumplimiento.  Por fin, el estatuto requiere que la persona completará por lo menos los veinte y cuatro horas de servicio comunitario.  Si la persona no obedece a los requisitos de la disposición deferida y también los de la libertad condicional, el corte la condenará como culpable e  impondrá las penales mencionadas en el primer párrafo.

¿Qué pasa si lo hago por una segunda vez?

Aunque cumpliendo los requisitos de la disposición deferida y también los de la libertad condicional resultará en una desestimación de los cargos penales debajo de la programa de la primera infracción, estos transgresiones funcionarán como condenas en una cualquier transgresión subsecuente de las leyes de drogas.   Por lo tanto, si la persona ha recibido ya una desestimación de los cargos penales debajo de la programa de la primera infracción, la transgresión subsecuente constituirá una transgresión segunda  para los fines de la adjudicación y la condena.  Además, no se permite expurgar la condena cuándo la persona recibe una desestimación de los cargos penales debajo de la programa de la primera infracción.  Tenga en cuenta que con frecuencia los casos que tratan de drogas conllevan defensas complejas de la ley de la registración y confiscación y también pueden tener un efecto grave en inmigración.

¿Qué debo hacer si me detienen para un delito de drogas?

Si se lo detienen para un delito de drogas, necesita un abogado experimentado.  Debe ponerse en contacto con el bufete de abogados de Hull Street Law, una División de Thomas H. Roberts & Associates de rápido.  Llámese: 804-230-4200.

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Posesión de drogas. El programa de la primera infracción: schedule I, II, y delitos mayores.

In English – First Time Offender Possession of Controlled Substances

Posesión de drogas.  El programa de la primera infracción: schedule I, II, y delitos mayores. 

¿Cuál es el Programa de la Primera Infracción?

Según el Código de  Virginia § 18.2-250, es un delito mayor de clase 5 a poseer “a sabiendas” una sustancia de usa reglamentada si se la clasifica tal sustancia como “Schedule I” o “Schedule II”.  Si la transgrede, la sanción se puede estar severa. Aunque el corte o el jurado tienen la discreción de imponer una pena de hasta los doce meses en la cárcel, una multa hasta $2,500.00, o ambas, si el corte o el jurado no usan esta discreción la pena más corta que una persona condenada enfrentará es un año; la más larga es los diez años.  También, la ley de Virginia requiere que se la suspenden la licencia de conducir de la persona condenada.    A pesar de esta, es posible que la persona condenada pueda obtener una licencia de ruta restringida para dejarla conducir desde la casa hasta el trabajo, la casa, la iglesia, y las citas médicas.  También, tendrá que recordar que una condena por delito mayor de cualquier tipo se puede tener consecuencias inmigratorias graves.

¿Qué ocurre en el Programa de la primera infracción?

Según el Código de  Virginia § 18.2-251, una persona que falta antecedentes penales de las drogas (un “First Offender”)  puede, en la discreción del corte, obtener una disposición deferida y si la persona completa las condiciones de la libertad condicional, una desestimada de los cargos.  El estatuto requiere que la persona buscando la disposición deferida someterse a una evaluación de abuse de sustancias (y tratamiento médico si el corte lo requiere).  Además,  la persona pagará los gastos del corte y cualquier multa y los gastos de inscribirse en un programa aprobado del abuso de sustancias.  Durante del periodo de libertad condicional, se prohíbe tomar alcohol es prohibido y la persona se someterá a pruebas aleatorias para drogas e alcohol para asegurar que la persona esté en el cumplimiento.  Por fin, el estatuto requiere que la persona completará por lo menos los veinte y cuatro horas de servicio comunitario.  Si la persona no obedece a los requisitos de la disposición deferida y también los de la libertad condicional, el corte la condenará como culpable e  impondrá las penales mencionadas en el primer párrafo.

¿Qué pasa si lo hago por una segunda vez?

Aunque cumpliendo los requisitos de la disposición deferida y también los de la libertad condicional resultará en una desestimación de los cargos penales debajo de la programa de la primera infracción, estos transgresiones funcionarán como condenas en una cualquier transgresión subsecuente de las leyes de drogas.   Por lo tanto, si la persona ha recibido ya una desestimación de los cargos penales debajo de la programa de la primera infracción, la transgresión subsecuente constituirá una transgresión segunda  para los fines de la adjudicación y la condena.  Además, no se permite expurgar la condena cuándo la persona recibe una desestimación de los cargos penales debajo de la programa de la primera infracción.  Tenga en cuenta que con frecuencia los casos que tratan de drogas conllevan defensas complejas de la ley de la registración y confiscación y también pueden tener un efecto grave en inmigración.

¿Qué debo hacer si me detienen para un delito de drogas?

Si se lo detienen para un delito de drogas, necesita un abogado experimentado.  Debe ponerse en contacto con el bufete de abogados de Hull Street Law, una División de Thomas H. Roberts & Associates de rápido.  Llámese: 804-230-4200.

 

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Extrajudicial Confession Alone is Not Enough to Convict

The Virginia Supreme Court summarized the law in this area in Watson v. Commonwealth:

It is true that, as a general principle of law, an accused cannot be convicted solely on his uncorroborated extrajudicial admission or confession. The corpus delicti must be corroborated. Cleek v. Commonwealth, 165 Va. 697, 698, 181 S.E. 359, 360 (1935). It is not necessary, however, that there be independent corroboration of all the contents of the confession, or even of all the elements of the crime. The requirement of corroboration is limited to the facts constituting the corpus delicti. See Campbell v. Commonwealth, 194 Va. 825, 833-34, 75 S.E.2d 468, 473-74 (1953). Further, where, as here, the accused has fully confessed the crime, only slight corroborative evidence is necessary to establish  [*349]  the corpus delicti. Clozza v. Commonwealth, 228 Va. 124, 133, 321 S.E.2d 273, 279 (1984), cert.  denied, 469 U.S. 1230 (1985).

The confession is itself competent evidence tending to prove the corpus delicti, and all that is required of the Commonwealth in such a case is to present evidence of such circumstances as  will, when taken in connection with the confession, establish the corpus delicti beyond a reasonable doubt. Cleek, 165 Va. at 699, 181 S.E. at 360. Further, corroborative facts supporting the corpus delicti may be furnished by circumstantial evidence as readily as by direct evidence. Epperly v. Commonwealth, 224 Va. 214, 229, 294 S.E.2d 882, 891 (1982). Indeed, we commented in Epperly that because circumstantial evidence is not subject to the human frailties of perception, memory, and truthful recital, it is often more reliable than the accounts of eyewitnesses. Id. at 228, 294 S.E.2d at 890.

Watkins v. Commonwealth, 238 Va. 341, 348-349 (Va. 1989).

 

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Should I have my criminal or civil case tried by a judge or a jury?

There are many factors that may impact your decision to have your case tried by a judge or jury.  Some of those factors are listed below:

(1)   The demographics of the jurisdiction where the case is pending may dictate whether a trial by jury will be advantageous to you.  Whether the jury will be liberal or conservative, rich or poor, sympathetic to you or antagonized by you, educated or uneducated.

(2)   The leanings or inclination of the judge may dictate your choice.

(3)   Whether certain evidence may be excluded from the jury but heard by the judge even if determined to be inadmissible and therefore not “formally” allowed to consider it.

(4)   The time and cost associated with trying a case by a jury is also a factor.  Generally speaking, jury trials require more time.

(5)   Many believe that juries are more inclined to find a reasonable doubt precluding conviction.

(6)   Some believe that during the sentencing phase of a trial, that juries are more likely to deliver a harsher sentence to those with extensive criminal histories which is introduced into evidence during the sentencing phase of a criminal trial.

 

Ultimately the decision to have the case tried by a judge or jury is decision to be made after considering all of the factors with legal counsel.
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“Exculpatory Evidence” – Does the prosecutor have a duty to disclose information which is favorable to the accused tending to negate this guilt or show that he is innocent?

With respect to evidence and witnesses, the prosecutor has responsibilities different from those of a lawyer in private practice: the prosecutor should make timely disclosure to the defense of available evidence, known to him, that tends to negate the guilt of the accused, mitigate the degree of the offense, or reduce the punishment. Further, a prosecutor should not intentionally avoid pursuit of evidence merely because he believes it will damage the prosecution’s case or aid the accused.

The role of a prosecutor is to see that justice is done. Berger v. United States, 295 U.S. 78, 88, 55 S. Ct. 629, 79 L. Ed. 1314 (1935). “It is as much [a prosecutor’s] duty to refrain from improper methods calculated to produce a wrongful conviction as it is to use every legitimate means to bring about a just one.”

The suppression by the prosecution of evidence favorable to an accused upon request violates due process where the evidence is material either to guilt or to punishment, irrespective of the good faith or bad faith of the prosecution.  Brady v. Maryland, 373 U.S. 83, 87 (U.S. 1963)

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Can I be tried twice for the same or similar charge?

Double jeopardy is a procedural defense that forbids a defendant from being tried again on the same (or similar) charges following a legitimate acquittal or conviction. The Double Jeopardy Clause of the 5th Amendment to the U.S. Constitution, provides that no   person shall “be subject for the same offence to be twice put in jeopardy of life or limb.” This protection applies both to successive punishments and to successive prosecutions for the same criminal offense.

The same-elements test, sometimes referred to as the “Blockburger” test, inquires whether each offense contains an element not contained in the other; if not, they are the “same offence” and double jeopardy bars additional punishment and successive prosecution.

United States v. Dixon, 509 U.S. 688, 695-696 (U.S. 1993)

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Do I have a right to a trial by jury?

Generally speaking, criminal defendants may demand a jury for all serious crimes and have their case tried by a jury of 12.  On appeals of misdemeanor crimes in the Circuit Court, a criminal defendant may demand a trial by a jury of 7.   In civil cases seeking money damages, generally a litigant may demand a trial by a jury of 7 jurors.

The United States Constitution guarantees the right to jury trial in serious criminal cases in state courts. It also guarantees the right to jury trial for a criminal contempt punished by a two-year prison term.

Article III, § 2, of the U.S. Constitution provides that “the Trial of all Crimes, except in Cases of Impeachment, shall be by Jury . . . .” The Sixth Amendment to the U.S. Constitution states that “in all criminal prosecutions, the accused shall enjoy the right to a speedy and public trial, by an impartial jury . . . .” The Fifth and Fourteenth Amendments forbid both the Federal Government and the States from depriving any person of “life, liberty, or property, without due process of law.” Bloom v. Illinois, 391 U.S. 194, 195 (U.S. 1968)

In civil cases, the right to a trial by jury generally depends on the availability of a jury trial in a particular type of case under the common law of England at the time of the adoption of the U.S. and State Constitutions (which allowed jury trials in its “courts of law” but not in its “courts of equity”). In practice, this means that jury trials are available in American civil cases in most cases seeking money damages on a tort law or contract law theory, but are rarely available when non-monetary damages, such as an injunction or declaratory relief are sought.  In equity cases, factual disputes are sometimes referred to juries for advisory opinions.  By statute, the right to a jury is available on a plea in bar.

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What right do I have to confront my accuser?

In a criminal case, a defendant cannot be deprived of the opportunity to put his evidence and version of the facts before the jury so “as to deprive a criminal defendant of his Sixth Amendment right to confront and cross-examine his accuser and to call witnesses in his defense,” Winfield v. Commonwealth, 225 Va. 211, 218, 301 S.E.2d 15, 19 (1983), (citing Davis v. Alaska, 415 U.S. 308 (1974)), or simply because the trial court finds the prosecutor’s version more credible than the defendant. See Graves v. Garraghty, 618 F. Supp. 1348, 1350-51 (E.D. Va. 1985).

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What are the penalties for misdemeanor convictions?

§ 18.2-11. Punishment for conviction of misdemeanor.

The authorized punishments for conviction of a misdemeanor are:

(a) For Class 1 misdemeanors, confinement in jail for not more than twelve months and a fine of not more than $2,500, either or both.

(b) For Class 2 misdemeanors, confinement in jail for not more than six months and a fine of not more than $1,000, either or both.

(c) For Class 3 misdemeanors, a fine of not more than $500.

(d) For Class 4 misdemeanors, a fine of not more than $250.

For a misdemeanor offense prohibiting proximity to children as described in subsection A of § 18.2-370.2, the sentencing court is authorized to impose the punishment set forth in subsection B of that section in addition to any other penalty provided by law.

(1975, cc. 14, 15; 1990, c. 788; 2000, c. 770.)

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